Dede los territorios indígenas se han denunciado multiples crisis humanitarias por la intencificación del conflicto armado en algunas regiones del país, el desplazamiento forzado y la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales. Organizaciones indígenas y colectivos defensores de los derechos humanos han denunciado la creciente ola de violencia que pone en riesgo la pervivencia de los pueblos originarios en sus territorios ancestrales.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y otras entidades de derechos humanos, en lo corrido del año se han registrado numerosos casos de amenazas de líderes indígenas, confinamiento de comunidades, desplazamientos masivos y reclutamiento forzado de jóvenes y niños por parte de grupos armados ilegales, tanto de parte de las guerrillas y disidencias como por parte de resagos de paramilitarismo y grupos al servicio del narcotrafico. En regiones como el Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo, la situación es especialmente crítica, con denuncias de extorsión, violencia sexual, amenazas y enfrentamientos constantes que ponen en peligro a las poblaciones civiles, coso emblematico del pueblo Barí que debió migrar de algunos de sus territorios ancestrales por el conflicto entre actores armados ilegales.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha alertado sobre la presencia de actores armados en resguardos indígenas, quienes han impuesto restricciones de movilidad, afectando el acceso a alimentos, salud y educación. Asimismo, esta organización denuncia y rechaza, en comunicados por redes sociales, el vil asesinato del sabedor ancestral Jacinto Chocue del Pueblo Nasa de Tierradentro, municipio de Páez del territorio Togoima. y se rechazan todas las acciones violentas y sistemáticas de grupos armados en nuestros territorios y exigimos que de una vez y para siempre paren su accionar en contra de nuestros sabedores tradicionales, comuneros, comuneras, lideres, autoridades, guardias.
Las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor han denunciado el asesinato de dos líderes indígenas en el Chocó: Celimo Hurtado Bulgara, del pueblo Wounaan, y Euclides Becheche Lana, del pueblo Embera. Estos crímenes, perpetrados por grupos armados ilegales, reflejan la grave crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas en el país.
En su comunicado, la organización exige al Gobierno Nacional medidas urgentes para la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas y la implementación de políticas públicas que detengan la violencia. Además, expresan su solidaridad con las familias de las víctimas y con la población del Chocó, que sigue siendo golpeada por asesinatos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y confinamiento.. La vulnerabilidad de los pueblos indígenas también se agrava por la expansión de actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, que contaminan sus fuentes de agua y destruyen sus ecosistemas.
Las comunidades indígenas han exigido en reiteradas ocasiones al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional que se implementen medidas urgentes de protección colectiva y se garantice su derecho a la vida y al territorio. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
Ante este panorama, las autoridades indígenas han hecho un llamado a la solidaridad nacional e internacional, demandando acciones concretas que permitan frenar la violencia y garantizar la seguridad y dignidad de sus pueblos. La historia de resistencia de las comunidades indígenas sigue vigente, pero la ausencia de garantías podría condenarlas al exterminio. Es urgente que el Estado asuma su responsabilidad y que la sociedad en su conjunto respalde sus luchas por la paz y la justicia.
