En un contundente pronunciamiento, la Asamblea Permanente de la Nación Barí ha denunciado la grave crisis humanitaria que atraviesa su territorio ancestral en el Catatumbo, debido a la inasistencia del Estado colombiano y el accionar de actores armados que amenazan su supervivencia. La comunidad ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional y a organismos internacionales para garantizar la protección de sus derechos territoriales, culturales y espirituales.

La Nación Barí ha señalado que el Gobierno Nacional ha incumplido reiteradamente su deber de proteger los derechos territoriales del pueblo indígena, desobedeciendo las sentencias T-880 de 2006, T-052 de 2017 y T-498 de 2023, así como el Auto 266 de 2017 de la Corte Constitucional. Estas sentencias reconocen el derecho del Pueblo Barí sobre su territorio ancestral y exigen la adopción de medidas para su protección.

 

El tiempo apremia, y la Nación Barí espera respuestas antes del 21 de febrero de 2025.

 

A pesar de los constantes llamados de la comunidad, el Ministerio del Interior y otras entidades del Estado han ignorado los espacios de diálogo convocados por la Nación Barí, agravando la crisis humanitaria y aumentando la vulnerabilidad del pueblo frente a la violencia. La Asamblea denuncia que actores armados han perpetrado crímenes de lesa humanidad en su contra durante las últimas décadas, sin que el Estado haya tomado medidas efectivas para prevenirlos o sancionarlos. El desplazamiento forzado, la desaparición de líderes comunitarios y la presencia de minas antipersonales han convertido el territorio Barí en un escenario de guerra en el que la vida y la autonomía de la comunidad están en riesgo permanente.

El avance de los grupos armados ha significado la imposición del miedo como estrategia de control. El reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, las amenazas constantes contra las autoridades tradicionales y la ocupación de su territorio para actividades ilícitas han deteriorado las condiciones de vida de la comunidad. A esto se suma la presencia militar del Estado, que en lugar de garantizar la seguridad del pueblo Barí, ha terminado generando nuevas tensiones y vulneraciones.

 

El desplazamiento forzado, la desaparición de líderes comunitarios y la presencia de minas antipersonales han convertido el territorio Barí en un escenario de guerra.

 

En el marco del "Pacto por el Catatumbo" y el "Estado de Conmoción Interior" (Decreto 062 de 2025), el Gobierno Nacional ha concentrado sus esfuerzos en el diálogo con organizaciones campesinas, dejando de lado a la Nación Barí y vulnerando su derecho a la consulta previa, libre e informada. Esta exclusión pone en riesgo su autonomía y sus derechos territoriales, al tiempo que facilita la militarización de su territorio, una medida que la comunidad rechaza de manera contundente.

Ante esta situación, la Asamblea Permanente de la Nación Barí ha declarado su intención de reforzar sus acciones de control territorial y activar mecanismos políticos y judiciales para defender sus derechos. Entre sus principales exigencias al Gobierno Nacional se encuentran: el reconocimiento del territorio ancestral y garantía de su gobernabilidad propia, la presencia inmediata del Gobierno Nacional para garantizar sus derechos humanos, culturales y espirituales, la participación de funcionarios con poder de decisión en la Mesa de Diálogo e Interlocución entre el Gobierno Nacional y el Pueblo Barí, el diálogo directo con el Gobierno y los actores armados para lograr que el territorio Barí sea un espacio de paz y se acuerden medidas humanitarias verificables, como el desminado humanitario y la protección de la comunidad, y el retiro inmediato de todos los actores armados del territorio indígena, asegurando el respeto por la Madre Tierra y sus habitantes.

 

El avance de los grupos armados ha significado la imposición del miedo como estrategia de control.

 

El Pueblo Barí ha recibido apoyo de la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Norte de Santander y la MAPP-OEA, pero insiste en la necesidad de una respuesta contundente por parte del Estado colombiano. Asimismo, hace un llamado a los entes de control y organismos internacionales de derechos humanos para que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones estatales.

En caso de que su llamado no sea atendido, la Nación Barí advierte que recurrirá a acciones políticas, judiciales y de movilización para exigir el respeto a sus derechos. Su lucha no es solo por la supervivencia de su pueblo, sino por la defensa de su territorio ancestral, una causa que debe ser respaldada por la sociedad en su conjunto.

El tiempo apremia, y la Nación Barí espera respuestas antes del 21 de febrero de 2025. La comunidad sigue firme en su resistencia, defendiendo su territorio y su autonomía frente a un Estado que, hasta ahora, ha ignorado sus necesidades.