En el contexto histórico colombiano, los pueblos indígenas han estado en constante lucha por el reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales, pues el desarraigo cultural por el colonialismo, los conflictos armados, la utilización política de los indígenas, el despojo de territorio han sido la consecuencia de políticas y procesos que les han desconocido como pueblos originarios, estas luchas, incluyendo la preservación de su territorio, su cultura y su medio ambiente, han pasado por diversos escenarios, los mas conocidos que usan algunas personas para discursos políticos, a favor o en contra, son las vías de hecho que constantemente hacen eco los medios de comunicación hegemónicos dejando de lado las afectaciones que han obligado a las comunidades a entrar en dichos escenarios, pero hay procesos en los que también se ha luchado.

 Lo peublos originarios del territorio que hoy se conoce como Colombia han enfrentado siglos de exclusión, despojo y violaciones sistemáticas de sus derechos, especialmente en el marco de proyectos de desarrollo económico que no han respetado sus prácticas ancestrales ni su autodeterminación. Dentro de este panorama, el Pueblo U’wa se destaca como un ejemplo de resistencia frente a estas problemáticas. Este pueblo habita en la región de la Sierra Nevada del Cocuy, que se extiende por los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Santander y Boyacá. Para los U’wa, su territorio es más que un espacio físico, el territorio es el eje fundamental y esencial de su identidad cultural, espiritual y política. La Sierra Nevada, conocida como Zizuma, es considerada sagrada por ser el hogar de sus espíritus y dioses, además de una fuente hídrica vital.

A lo largo de su historia, los U’wa han sufrido múltiples afectaciones derivadas de políticas estatales y proyectos extractivos que no han respetado sus derechos fundamentales ni su cosmovisión. Estas afectaciones incluyen:

1. Proyectos extractivos sin consulta previa adecuada: Diversos proyectos petroleros y mineros, como los Bloques Samoré, Sirirí y Catleya, se llevaron a cabo sin respetar el derecho a la consulta previa.

2. Impacto ambiental y cultural: Actividades extractivas han generado daños irreparables al ecosistema, afectando lugares de gran valor espiritual como el Zizuma, y alterando las prácticas culturales de la comunidad.

3. Militarización del territorio: La presencia de actores armados, incluyendo el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley, ha derivado en intimidaciones y hechos de violencia que vulneran la vida digna de los U’wa.

4. Traslape territorial: La administración estatal del Parque Nacional Natural El Cocuy ha limitado la autonomía del pueblo U’wa en áreas que se traslapan con su territorio ancestral.

5. Falta de saneamiento y titulación: A pesar de la creación del Resguardo Unido U’wa en 1999, con una extensión de 220,275 hectáreas, el proceso de saneamiento y titulación aún no se ha completado, lo que perpetúa la incertidumbre jurídica sobre su territorio.

6. Inacción judicial: Los recursos legales interpuestos por los U’wa contra las licencias ambientales y proyectos extractivos han enfrentado demoras significativas, lo que ha limitado su acceso a una justicia efectiva.

El caso del Pueblo U’wa llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la inacción prolongada del Estado colombiano frente a estas problemáticas. En su sentencia del 4 de julio de 2024. El día 20 de diciembre de 2024 la Corte declaró al Estado responsable de múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo los derechos a la propiedad colectiva, a la participación política, a la vida cultural y al medio ambiente sano. Este fallo, un hito jurídico para el movimiento indígena colombiano, establece un conjunto de acciones que el Estado debe implementar para garantizar la reparación integral y la no repetición de estas violaciones.

Las acciones ordenadas por la Corte al Estado colombiano incluyen:

1. Concluir el saneamiento del Resguardo Unido U’wa y el Resguardo Kuitia: Completar la clarificación de los títulos coloniales y garantizar la titulación plena de estos territorios.

2. Establecer una mesa de concertación: Asegurar la participación efectiva de los U’wa en la administración y conservación del área de traslape del Parque Nacional Natural El Cocuy.

3. Garantizar consultas previas adecuadas: Implementar procesos participativos respecto a los proyectos extractivos vigentes que puedan afectar los derechos de los U’wa.

4. Mitigar los daños ambientales: Adoptar medidas específicas para reparar los daños causados por proyectos como el Oleoducto Caño Limón-Coveñas y otras actividades extractivas.

5. Proteger el derecho a la vida cultural: Promover iniciativas que permitan la preservación y fortalecimiento de las prácticas culturales y espirituales del Pueblo U’wa, asegurando que ningún proyecto futuro interfiera en su patrimonio cultural.

6. Crear un fondo de desarrollo comunal: Establecer un mecanismo de compensación económica y social para mitigar los daños materiales e inmateriales sufridos por la comunidad.

Desde la revista In-Usual recibimos esta noticia felicitando al pueblo U’wa pues la ganancia de este pueblo se convierte en un logro colectivo del movimiento indígena, pues en este proceso hubo aportes significativos de organizaciones nacionales indígenas como la ONIC y algunos escenarios de participación indígenas que han ganado espacios dentro de la estructura política, social y cultural del país y el continente.