Resulta alarmante que en pleno siglo XXI, un alto cargo público en Colombia se permita basar su trabajo en sus creencias religiosas en vez de seguir los mandatos de la Constitución Política que establece que el Estado es laico. El general de la Policía Nacional de Colombia, Henry Sanabria, es el claro ejemplo de este problema.

En una entrevista de hace unos días, con un medio de comunicación nacional que va en decadencia, el general Sanabria no solo hizo gala de sus prejuicios y creencias religiosas, sino que además los utilizó como argumento para justificar su comportamiento. Este comportamiento que atenta contra la dignidad de colectivos enteros discriminados por las declaraciones vulgares, retardatarias y muchas veces ignorantes del general Sanabria.

Entre otras cosas, Sanabria calificó el uso del preservativo no como un método anticonceptivo, sino como un método abortivo. Y para defender sus sofismas sobre el aborto, apeló a sus creencias religiosas. Pero, ¿qué tienen que ver las creencias con la ley? ¿Acaso no es el deber de un servidor público seguir las normas y mandatos legales en vez de basar sus decisiones en sus creencias personales?

 

“…comportamiento que atenta contra la dignidad de colectivos enteros discriminados por las declaraciones vulgares, retardatarias y muchas veces ignorantes del general Sanabria.”

 

Además, en respuesta a la pregunta de por qué hay tantos miembros de la Policía contagiados con VIH, Sanabria respondió “lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución”. Este tipo de declaraciones son discriminatorias y muestran la ignorancia del general en cuanto a la diversidad sexual. No hay una relación directa entre ser LGBTIQ+ y estar contagiado con VIH. Es lamentable que alguien en su posición no tenga el conocimiento básico sobre esta materia.

Es cierto que en Colombia existe la libertad de cultos, pero estas creencias nunca pueden estar por encima de los mandatos de la Constitución Política. El Estado colombiano es laico, lo que significa que las creencias religiosas de un individuo no pueden influir en su trabajo como servidor público. Es una lástima que esto tenga que ser recordado una y otra vez, como si fuera un concepto nuevo y desconocido para algunos.

 

“¿Acaso no es el deber de un servidor público seguir las normas y mandatos legales en vez de basar sus decisiones en sus creencias personales?”

 

En una sociedad pluralista como la colombiana, es importante que el Estado proteja y respete la diversidad de creencias y religiones. Pero esto no significa que las creencias de un individuo deban imponerse sobre los demás o ser utilizadas para justificar acciones que van en contra de los derechos humanos. Si un servidor público no puede seguir las leyes y mandatos del Estado porque van en contra de sus creencias personales, entonces debe renunciar.

Colombia es un Estado laico desde hace tres décadas, pero parece que algunos aún no se han enterado. El caso del general Sanabria es solo una muestra de cómo la ignorancia y la intolerancia religiosa pueden interferir en el desempeño de un cargo público y en la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad.

Es hora de que los líderes políticos de Colombia tomen en serio la separación entre iglesia y Estado y dejen de utilizar sus creencias religiosas para justificar sus prejuicios y discriminaciones. La Constitución Política de Colombia es la norma suprema del país y sus mandatos deben ser respetados por todos, en especial por aquellos que ocupan cargos públicos.

 

“Si un funcionario público, como el General Sanabria, no puede cumplir con su deber sin interferencias de sus creencias privadas, entonces es hora de que renuncie”

 

No podemos permitir que se sigan tolerando estas transgresiones y extralimitaciones por parte de los altos cargos políticos del país. Como ciudadanos, debemos exigir que nuestros líderes actúen con responsabilidad y respeten los derechos y dignidad de todas las personas, sin importar su orientación sexual, género o creencias religiosas.

Recordemos las palabras del filósofo Immanuel Kant, quien señaló la distinción entre el uso público y privado de la razón. Si un funcionario público, como el General Sanabria, no puede cumplir con su deber sin interferencias de sus creencias privadas, entonces es hora de que renuncie y dé paso a alguien que sí pueda hacerlo.

La laicidad del Estado colombiano es un principio fundamental que debe ser respetado por todos los ciudadanos y especialmente por aquellos que ocupan cargos públicos. Las creencias religiosas no deben interferir en el desempeño de un cargo público ni justificar prejuicios y discriminaciones contra cualquier grupo de la sociedad. Es hora de que Colombia avance hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos de todos sus ciudadanos.