En medio de su discurso durante la sesión del Consejo Nacional de Juventud en San Andrés, el presidente Gustavo Petro hizo una serie de declaraciones críticas hacia la Fiscalía y la Procuraduría, responsabilizándolas de mantener privados de la libertad a 305 jóvenes que participaron en los estallidos sociales. Según Petro, el Estado se vengó de ellos, y la comunicación interna entre fiscales llevó a que, cuando un caso de estos jóvenes llegaba a un fiscal, se les catalogara automáticamente como terroristas. Sin embargo, las acciones del presidente en su intento por liberar a los miembros de la Primera Línea han generado una confusa situación que ha desatado polémicas y críticas.

La liberación de algunos jóvenes y la controversia generada:

La promesa del presidente Petro de liberar al menos siete jóvenes detenidos por su participación en las protestas y designarlos como voceros de paz para la Navidad del año pasado sigue sin cumplirse, y lo que es peor, ha generado polémica. La Procuraduría General de la Nación denunció la forma en que se tramitó la liberación de dos miembros de la Primera Línea, Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo Súa, quienes fueron excarcelados el 21 de diciembre pasado. Además, un juez de Popayán negó la libertad a otros cinco jóvenes que también iban a recibir el beneficio anunciado por el presidente Petro.

El proceso judicial y los obstáculos:

El trámite procesal para la liberación de estos jóvenes se ha vuelto confuso y complicado. El ministro de Interior, Alfonso Prada, explicó que antes de ser nombrados voceros de paz por el presidente, los abogados de los jóvenes ya habían solicitado el traslado o la sustitución de la medida cautelar, pero estas solicitudes habían sido negadas. El caso de Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza fue considerado ajeno a la Primera Línea por el Juzgado de Popayán, ya que los hechos por los que se les acusa no se habrían cometido durante el Paro Nacional, sino en 2022. Esto ha generado confusión sobre quiénes deben ser liberados y quiénes no.

La polémica sobre la legitimidad de las liberaciones:

La liberación de jóvenes implicados en actos delictivos durante el estallido social del año pasado, así como su designación como voceros de paz, ha generado fuertes críticas y controversias. La opinión pública cuestiona el hecho de que sean liberados y se les otorgue un rol tan importante sin que esté claro cuáles serán sus funciones. Algunos expertos en política señalan que el Gobierno Petro tiene una pretensión política de mantener la sintonía con la Primera Línea y la izquierda radical que lo apoya, prometiéndoles algo para lo cual no tenía facultades legales. Esta falta de claridad normativa dificulta no solo la liberación de más jóvenes, sino incluso garantizar que los siete que fueron anunciados puedan salir en libertad.

Las funciones de los voceros de paz:

A pesar de la controversia, el Gobierno ha dejado claro que los designados como voceros de paz deberán acompañar y apoyar programas relacionados con la disminución de la conflictividad social y la búsqueda de la reconciliación en el país. Se aclara que no recibirán un sueldo, ya que serán voceros y no gestores de paz. Sin embargo, la falta de pedagogía y la confusión generada por estos términos han alimentado las críticas y la incertidumbre en la opinión pública. Además, expertos señalan la importancia de escuchar también a las víctimas y a la comunidad en general, no solo a los presuntos agresores.