Primero, algo de contexto:
El Cementerio Parroquial de la localidad de Bosa es un lugar significativo para los habitantes de la zona, especialmente para las familias originarias, muchas de las cuales pertenecen a la comunidad indígena Mhuysqa.
En décadas anteriores, la comunidad de Bosa se destacó por su labor colectiva y comunitaria, lo que llevó a la creación de espacios en beneficio de la comunidad y las familias que vivían en la antigua Bosa. Uno de estos espacios es el cementerio, el cual fue establecido a través de una junta pro-cementerio por la organización generada entre los mayores de las familias habitantes de la Bosa de entonces. Fue construido en un terreno donado por Pablo Portilla, y desde décadas anteriores, en ese terreno ya se realizaban rituales relacionados con el duelo, la muerte y la disposición de los restos humanos. En el pasado, estos rituales combinaban características católicas con elementos tradicionales indígenas, pero con el tiempo, han ido transformándose hasta llegar al momento actual, en el cual la administración del cementerio está a cargo de la Iglesia Católica, específicamente de la orden claretiana.
Este lugar ha pasado de tener tumbas construidas con piedra y entierros tradicionales, a la escrituración de mausoleos para las familias que vivían en el sector. Posteriormente, se han adoptado dinámicas propias de un cementerio puramente católico, administrado por sacerdotes claretianos, quienes han sido los principales responsables de los espacios religiosos católicos en la localidad de Bosa durante las últimas décadas.
Las quejas van desde cobros exagerados, cambios de lugares de los cuerpos de algunos difuntos a fosas comunes, sin concertar con los familiares, hasta denuncias por corrupción en la administración.
¿Por qué se dio la manifestación?
El día 19 de junio, estalló un sentimiento de impotencia en la comunidad de Bosa cuando se corrió la voz de la demolición de los mausoleos pertenecientes a las familias Escobar, Barragán y Cantor, los cuales se encontraban justo en la entrada del cementerio y formaban parte de los primeros mausoleos construidos en el lugar. Esto generó una gran preocupación en las familias propietarias de mausoleos, ya que estos espacios albergan los cuerpos de sus seres queridos y tienen un valor cultural arraigado en la comunidad. Ante tal atroz hecho, las familias comenzaron a contactarse unas a otras con el objetivo de dirigirse al cementerio y buscar una solución. La situación se calmó cuando los primeros líderes llegaron al lugar y acordaron tener una reunión con la administración del cementerio al día siguiente, el 20 de junio, a las 8:00 a.m.
Estos acontecimientos se sumaron a las quejas previas de los propietarios de mausoleos, quienes se sentían víctimas de la burocracia impuesta por los claretianos. Entre las quejas más frecuentes se encontraban el aumento de impuestos, el cambio de escrituras de los mausoleos por arrendamientos a perpetuidad, cobros exagerados, prohibición de mantenimiento a cargo de terceros, precios exorbitantes establecidos por la administración del cementerio para realizar trabajos, construcción de panteones para uso de empresas privadas sin consultar a la comunidad y cambios de ubicación de restos sin notificar a los familiares, entre otros.
demolición de los mausoleos pertenecientes a las familias Escobar, Barragán y Cantor, los cuales se encontraban justo en la entrada del cementerio y formaban parte de los primeros mausoleos construidos en el lugar.
20 de junio:
El día 20 de junio, los representantes de la comunidad, convocados desde el día anterior, llegaron al cementerio a las ocho de la mañana, hora en la que se suponía que se abrirían las puertas para atender a la comunidad y permitir visitas a los mausoleos y panteones del lugar. Sin embargo, la administración del cementerio incumplió la cita. Después de más de una hora y media, finalmente se abrieron las puertas para que la gente pudiera ingresar, cabe acalrar que apesar de hablar con la comunidad y tener claras las demandas de esta, las obraws de demolicion unca las detuvieron.
La persona que abrió la puerta no se identificó y tenía el rostro cubierto, pero afirmaba ser el administrador del cementerio y el vicario de la capilla ubicada en el interior del lugar. Posteriormente, se descubrió que esta persona, quien se negó a identificarse, era el Vicario Hulmer Figueroa, es decir, alguien que trabaja bajo la supervisión del verdadero párroco y administrador del cementerio. Desde el principio, este individuo, quien afirmaba seguir un camino de rectitud católica, mintió a la comunidad presente en la manifestación.
En la fotografía anterior, se puede observar cómo el vicario Hulmer llega con el rostro cubierto, evitando ser reconocido por la comunidad, lo cual indica una clara falta de transparencia frente a una comunidad que buscaba resolver sus problemas, conocer la ubicación real de sus seres queridos y proteger el valor cultural, patrimonial e histórico del lugar.
Después de algún tiempo, el vicario, quien está al servicio del párroco, condujo a la comunidad por todo el cementerio sin permitir intervenciones, mostrando una actitud arrogante e incluso pronunciando frases como "hagan lo que se les dé la gana" y otras similares, propias de una persona grosera, altanera y sin respeto por la comunidad. Estas actitudes no corresponden a alguien que, en teoría, sirve a la comunidad y a un Dios justo y correcto.
Aunque este personaje finalmente pudo ser identificado frente a la Policía de Bogotá, se negó una y otra vez, incluso cuando las instituciones del distrito lo solicitaron.
Luego, la comunidad se reunió alrededor de la fuente que se encuentra en la entrada del cementerio, evaluando posibles acciones ante estos abusos y la falta de carácter por parte del supuesto administrador. En ese momento, llega el Padre Jairo Alberto Peñuela, quien se identifica plenamente como administrador y párroco. Este sacerdote abre las puertas de la iglesia, permite que se acomoden sillas en un círculo, tal como fue solicitado por las autoridades y el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, y se lleva a cabo una reunión entre este párroco, las autoridades del cabildo muisca, la comunidad presente y las instituciones del distrito y la localidad.
Conclusiones:
Se pudo concluir que los administradores del cementerio parroquial de Bosa tienen un completo desconocimiento de las dinámicas patrimoniales del lugar, así como de su historia y carácter comunitario y comunal. También existe una falta de reconocimiento de la importancia de las familias que construyeron este espacio y, por ende, la importancia de cada uno de los mausoleos.
Además, se demostró que no hay unidad en el proceso administrativo y que alguna de las partes involucradas en el cementerio está mintiendo. En primer lugar, el vicario Hulmer mencionó que la demolición de los mausoleos, hecho que indignó a la comunidad, fue ordenada por la Secretaría de Salud. Sin embargo, después de la llegada del padre Jairo, este último afirmó que la demolición se llevó a cabo por acuerdo con algunos familiares de los difuntos que descansaban en los mausoleos, y que el propósito de esta acción era crear un espacio para oficinas y/o velación de los cuerpos.
La comunidad bosuna, tanto aquella de origen indígena como la que pertenece a otras familias originarias y es propietaria de mausoleos, así como la comunidad en general, están dispuestas a organizarse en defensa de sus lugares sagrados. Además, todas estas personas han tenido quejas durante años sobre acciones irregulares por parte de las diversas administraciones que ha tenido el lugar, las cuales comparten el denominador común de pertenecer a la Orden Claretiana de la Iglesia Católica en Bosa.
El miércoles 28 de junio se llevará a cabo una mesa de concertación a las 10:00 a.m. en la Casa de la Participación de la localidad.
La administración del cementerio, al funcionar como una empresa privada, ha generado dinámicas que han perjudicado a la comunidad. Los actos de demolición despertaron la organización de las personas, pero previamente hubo casos de mal manejo de los cuerpos, disposición de personas en fosas comunes sin una identificación clara, pérdida de restos humanos sin proporcionar una explicación a sus familiares, decisiones unilaterales e incluso se han presentado denuncias de corrupción y malversación de grandes sumas de dinero, aunque estos hechos deberían ser investigados y confirmados por las autoridades correspondientes.
Se realizó, por parte de las instituciones de la localidad, el respectivo comparendo por realizar actos de demolición que distan de las acciones de mantenimiento en las que se excusaba la administración del lugar. No contaban con los permisos ni con la documentación necesaria, como los que se tendrían que solicitar ante la curaduría urbana, institución que no habría permitido realizar dichas intervenciones debido a los procesos de patrimonialización que ocurren en Bosa y que incluyen directamente al cementerio.
¿Cuál es el camino a seguir?
El miércoles 28 de junio se llevará a cabo una mesa de concertación a las 10:00 a.m., en la cual se espera una amplia participación de la comunidad. También están invitados los propietarios de mausoleos, las personas que han tenido inconvenientes en el cementerio y aquellos que tienen quejas, así como la comunidad muisca de Bosa y las entidades distritales. Se ha convocado al Ministerio del Interior, a organizaciones del movimiento indígena nacional, a organizaciones religiosas y a otras entidades interesadas en proteger los elementos patrimoniales y encontrar los caminos más adecuados, ya sea a través de procesos de concertación o vías jurídicas, para dar solución a estas afectaciones que recaen sobre la comunidad de Bosa y un lugar tan importante como lo es el cementerio, que en este momento se encuentra en proceso de patrimonialización.
