La coyuntura del Covid-19 para múltiples comentaristas ha develado y/o reforzado, el estilo autoritario del presidente Duque, reyezuelo, dictador, “equivalente de Maduro” entre otros han sido los calificativos para describir su gestión en general haciendo hincapié en el manejo de la crisis. Al respecto de dichas afirmaciones surge la pregunta, ¿es realmente Duque un dictador? la pregunta y la acusación necesitan mayor profundidad para poder afirmarlas, en este sentido es imperativo tener una claridad conceptual sobre el significado de dictadura, autoritarismo versus democracia. Actualmente, la mayoría de personas usamos estas palabras de manera incauta, por ello resulta importante para la discusión hacer unas breves precisiones.   

En primer lugar, la democracia será entendida en una versión básica, es decir, cuáles son los requisitos mínimos de un sistema político contemporáneo para ostentar este nombre. 1) La participación de un sector representativo de la población en el proceso que lleva a la toma de decisión por parte de las instituciones diseñadas para tal fin, en efecto, en los sistemas democráticos y aún más en los presidencialistas, el ejecutivo debe contar con la limitación de otras fuerzas políticas y sociales que se hallan tanto en la sociedad civil como en el Estado y es precisamente en ese control donde emerge la participación y se dota de legitimidad democrática a una decisión. 2) Debate público, entendido como una discusión libre entre las distintas perspectivas políticas, sociales, económicas y culturales al interior de la población; de tal manera, los derechos políticos como: la libertad de expresión, la posibilidad de oposición y la libertad de reunión son los fundamentos de la pluralidad. 3) Constitucionalismo, mecanismo por el cual se materializa la división de poderes al interior del Estado con el fin de evitar el abuso del poder, pero no solo limita el poder del Estado sino también de las mayorías en la sociedad civil con el fin de dar garantía a un conjunto de principios y libertades para toda la población. 

En segundo lugar, para autoritarismo y dictadura se impone la necesidad de trazar unos contornos que permitan una contradistinción con la democracia, ya que si bien en algunos momentos de la realidad los sistemas políticos presentan características mixtas -democracia con rasgos autoritarios o dictaduras con rasgos democráticos- el autoritarismo y la dictadura son conceptos autónomos; a su vez, es importante advertir que estos fenómenos no son equivalentes, pero para efectos del presente análisis serán agrupados. 1) La inexistencia de límites al ejercicio del poder, en otros términos, que cualquier agente con poder público ejerza su autoridad por encima de la ley sea cual sea el tipo de ley. 2) Este tipo de regímenes tienen una tendencia a desconocer y marginar la participación de un amplio sector de la población, en esa medida, lo público tiende a hacerse privado. 3) Una legitimidad del poder precaria que se fundamenta en el miedo y en la fuerza y que por ello restringe la participación a ciertos sectores sociales cercenando el pluralismo. 

Estas contradicciones voluntarias muestran un desprecio por el debate público

Bajo este breve marco conceptual, la cuestión es, dónde se encuentra la administración Duque en el plano democracia vs autoritarismo/dictadura. Lo cierto es que entre estas dos cosas hay una gran estela de grises y es precisamente ahí en donde se halla el lugar del actual gobierno nacional.   

El punto de partida del análisis es el siguiente, el gobierno Duque tiene rasgos democráticos que responden más a elementos ajenos al talante de Iván o su colectividad –la constitución política, las fuerzas políticas y sociales de oposición, el entorno internacional- que a una defensa de convicción de los principios democráticos y constitucionales.

Retomando el inicio de este texto, ¿este talante autoritario se desata bajo la crisis de la pandemia? En este sentido, son claros los lances del ejecutivo para concentrar poder bajo la emergencia sanitaria. Se instrumentalizaron los mecanismos institucionales, y se aprovecharon las condiciones generadas por la crisis misma, en otros términos, por un lado el Estado de Excepción amparado bajo la constitución, desató una avalancha legislativa por parte del ejecutivo, más de 160 decretos en 60 días, que bajo la disculpa de legislar sobre la crisis abrió la puerta a temas energéticos, enajenación de las empresas estatales y la garantía del Estado para respaldar al sector empresarial y financiero frente a posibles pérdidas. Las dificultades del legislativo de operar con plena normalidad y los tiempos de la corte constitucional han dado como resultado dificultades en el control político y constitucional.

Pero tal vez el punto esencial de este comentario es señalar que las actitudes y acciones autoritarias del actual gobierno superan con creces lo visto en la crisis actual, si partimos de lo que denominamos principios democráticos, encontramos la contradicción manifiesta entre ciertas promesas de campaña y las actuaciones del gobierno, entre ellas: (1) el fracking, si bien se cayó la apertura total, por problemas de unidad de materia, lo cierto es que hoy están propuestos pilotos para la explotación no convencional de hidrocarburos oponiéndose a las prohibiciones impuestas por el tribunal superior de Cundinamarca y el Consejo de Estado. (2) La no explotación del páramo de Santurban, el ejecutivo ha defendido el proyecto minero y los opositores afirman que a partir de una nueva delimitación la extracción quedará en la zona de influencia del páramo afectando importantes fuentes hídricas de la región. (3) Acabar con la “mermelada”, pese a su promesa, el gobierno ha nombrado ministros de colectividades políticas necesarias para asegurar mayorías en el legislativo, además como ya es tradición, el servicio exterior se convirtió en un jugoso botín burocrático, Estas contradicciones voluntarias muestran un desprecio por el debate público y las razones por las cuales muchos ciudadanos de manera libre adhirieron a su campaña. 

Por otro lado, sumado a lo anterior y teniendo en cuenta principios constitucionales, han sido claras las iniciativas del ejecutivo para demoler la independencia de poderes y lograr una justicia subordinada y a su medida, en este sentido son claras las acciones para acallar la JEP, obstaculizar el proceso de paz y hacer una reforma a la justicia que responda a las necesidades de su colectividad. El ejemplo perfecto lo encontramos en el renovado interés de hacer una reforma a la justicia que unifique las cortes, después del anuncio de detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido de gobierno. 

El híper-presidencialismo ha sido una constante en nuestro país y el elemento de fondo a criticar no es un sujeto como Duque sino las estructuras del sistema político colombiano.

Si bien es de vital importancia el trabajo al interior de las instituciones para socavar la división de poderes, resulta fundamental la estrategia de legitimación hacia la sociedad civil, en este sentido son observables las constantes descalificaciones a la justicia por cualquier fallo adverso a sus intereses, justicia corrupta, politizada, decisiones proferidas desde la ideología se convirtieron en señalamientos diarios proferidos desde el partido de gobierno y recogidos en un discurso falsamente conciliador por el presidente de la república. Retomando viejos eufemismos uribistas, es claro que la pretensión anti-institucional y anti-democrática del Estado de opinión aún pervive en el imaginario del partido de gobierno, si bien para algunos apelar a una mayoría que parece quedo en el pasado podría considerarse como ingenuo, resulta fundamental abrir los ojos frente a una sofisticada estrategia del Divide et impera.    

De lo anterior, se colige que el estilo o talante autoritario del gobierno actual excede de sobremanera la crisis del covid-19, atraviesa todo el gobierno Duque, este fenómeno hunde sus raíces en la visión política profundamente caudillista de su colectividad. 

Sin embargo, sorprende que la opinión pública haya hecho mucho ruido por el informe de transparencia internacional sobre la concentración de poder de Duque. El híper-presidencialismo ha sido una constante en nuestro país y el elemento de fondo a criticar no es un sujeto como Duque sino las estructuras del sistema político colombiano.